BUENOS AIRES.- El proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional no sólo generó polémica sino también el divisionismo interno entre legisladores oficialistas y fuerzas sindicales. En el primer caso, El diputado del FpV y apoderado del PJ, Jorge Landau, cuestionó la permanencia de su par Jorge Yoma como presidente de la Comisión de Justicia, al considerar que "está en una posición distinta que el Gobierno" y que debería "dar un paso al costado".
Más tarde, Yoma salió al cruce de las declaraciones de Landau y otros dirigentes K que habían pedido su alejamiento: "yo no renuncio ni a la vocalía del centro de mi barrio; no me van a sacar de la presidencia". Además, volvió a cargar contra los proyectos: "esta democratización es un desquicio y están derogando cuatro artículos de la Constitución Nacional".
"La conducción del FpV en el Gobierno tiene una posición y él tiene otra, y la hace pública", había dicho Landau. "El solo debiera irse de la presidencia. Uno está allí para ejecutar y coordinar las políticas del Gobierno, que fue quien lo puso", consignó. Agregó que cuando uno pertenece a un bloque y tiene una discrepancia con él, se debe discutir en forma "interna", porque de lo contrario es una situación de "rebeldía".
Yoma, por su lado, respondió que "hay un modelo de País donde el Estado interviene cada vez más en la vida de los ciudadanos".
El gobernador
Por su lado, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que tampoco anda de buenas con el Gobierno nacional, opinó sobre el tema. "La reforma de la Justicia es un debate que se está dando en el Congreso, y en el recinto tendrá que haber las distintas voces y estar todas las fuerzas representadas", aseguró.
Por otra parte, Scioli afirmó que la Corte Suprema de Justicia "es la garantía de la constitucionalidad y de aplicación de las leyes", y puso énfasis en que su titular, Ricardo Lorenzetti, "merece el mayor de los respetos y reconocimiento nacional e internacional".
Puja gremial
En tanto, trabajadores judiciales federales, nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires expresaron ayer su contundente apoyo al proyecto de reforma del Poder Judicial, y ratificaron su rechazo al paro de actividades convocado por el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato. Además, los judiciales dejaron en claro que no se sienten representados por Piumato, quien convocó a un paro por 72 horas, a partir de mañana.
En ese marco, dejaron en claro que la reforma es el camino para alcanzar "una Justicia Democrática, cercana al pueblo", y que no podrían oponerse a lo que "el pueblo pide desde hace muchos años, que es una mejor Justicia, para todos, independiente, que preste un servicio al pobre igual que al rico, que sea rápida y equitativa".
Luego, precisaron que el paro es una herramienta de los trabajadores organizados para defender sus derechos, pero que "en este caso no hay ninguna violación a ningún derecho de ningún trabajador judicial, "porque muy por el contrario, nos beneficia".
En otro orden, Diputados K buscará hoy emitir dictamen de mayoría de los tres proyectos enviados por el Ejecutivo a esa Cámara, entre los que se destaca el que regula el ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial mediante concurso público. (DyN-Télam)
Según Rozansnki, la reforma mejorará el accionar judicial
El juez federal de La Plata, Carlos Rozanski, aseguró que la reforma judicial que impulsa el Gobierno "va a mejorar el funcionamiento de la justicia. Una de las cosas importantes de estos proyectos es que deja al descubierto las verdaderas intenciones. Estamos ante un conflicto de intereses muy fuerte: los intereses de la gente que son 40 millones de habitantes y los de corporaciones minoritarias y la gente que las apoya que también es minoritaria", aseguró. Se preguntó "¿quién puede oponerse a que un sillón sea ocupado por una persona votada por 20 millones de argentinos, a que sea designado por 1.500 hombres de una corporación que controla a sus propios miembros".
"Cualquier propuesta para terminar con la familia judicial y los privilegios de sus miembros hubiera generado este tipo de ebullición en los sectores más reaccionarios de la sociedad. El efecto (de las reformas) es hacia adentro del Poder Judicial para democratizarlo y eso tendrá una traducción inmediata en algunos temas y mediata en otros, pero siempre a favor del justidiable" porque se trata de "igualar a los jueces con la sociedad", precisó. (Télam)
Se arma un frente político a partir de la crítica al proyecto
El diputado de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas presentó junto a otras fuerzas un documento contra el proyecto de democratización de la justicia que impulsa el Gobierno nacional y afirmó que esa presentación será "el punto de partida de un acuerdo político para las elecciones (legislativas) de octubre". Explicó además, que ese espacio estará conformado por "el GEN de la ciudad de Buenos Aires, la Coalición Cívica, el Partido Socialista de la ciudad de Buenos Aires que lidera Roy Cortina, el MST y el Partido Socialista Auténtico", y adelantó que "el lunes de la semana que viene realizaremos el primer acto del espacio".
En su presentación se objetó aspectos de la reforma judicial, como la limitación de las medidas cautelares y "la manera de ampliar el Consejo de la Magistratura", por considerarlos "inconstitucionales". Solanas no descartó ir a una interna con el sector que en la ciudad de Buenos Aires integran Ricardo Gil Lavedra (UCR), Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), Victoria Donda (FAP-Libres del Sur) y Humberto Tumini (Libres del Sur), aunque aclaró que "uno hace una interna con quienes están en tu espacio". (Télam)